Misión internacional de observación y verificación
de la situación de los derechos humanos en los departamentos de
Concepción y San Pedro, ante la militarización de la zona norte paraguaya
de la situación de los derechos humanos en los departamentos de
Concepción y San Pedro, ante la militarización de la zona norte paraguaya
1 al 6 de diciembre de 2011
Más que estado de excepción, es un estado de decepción
Informe preliminar
Informe preliminar
I. Introducción
Desde el 10 de octubre y por segunda vez durante el actual gobierno, los departamentos de San Pedro y Concepción, han sido declarados bajo estado de excepción; en esta oportunidad, por sesenta días. El decreto número 4.473 del 10 de octubre del presente año, promulgado por el Presidente de la República Don Fernando Lugo ha dado a su vez la autonomía a las fuerzasde seguridad del país (policiales y militares) para combatir al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, una delegación internacional compuesta por treinta y cinco personas representantes de organizaciones sociales de ocho países -Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay- recorrieron los departamentos de San Pedro y Concepción, BASE IS, CONAMURI, CDIA, CODEHUPY, CLADEM Py, COMUNICA, FUNDAR, COLECTIVO 25 DE NOVIEMBRE, DIAKONIA América Latina, Plataforma contra la criminalización, Sindicatos de Periodistas del Paraguay, SERPAJ-Paraguay, SOBREVIVENCIA, SERPAJ AMÉRICA LATINA, SERPAJ Argentina, SERPAJ Colombia, COMISEDE, Red Social de
Justicia y Derechos Humanos BRASIL, INREDH Ecuador, Equipo Latinoamericano de SOAW1, para dialogar con las comunidades y autoridades de la zona, con el fin de relevar la situación de los derechos humanos de la población de los departamentos de Concepción y San Pedro, en el marco de los dispositivos de seguridad que instaló el Estado paraguayo luego de la declaración del segundo estado de excepción. La información recabada por la Misión Internacional tiene vastos soportes de registro.
El presente informe busca compartir algunas consideraciones preliminares a partir de la tarea
desarrollada.
II. Testimonios y percepciones
Qué dijo la gente sobre la declaración del estado de excepción.
Hubo sectores que al principio tenían expectativas que el estado de excepción colaboraría en solucionar problemas de impunidad que apañan al EPP y a otros grupos dedicados a la delincuencia.
Tomando en cuenta los testimonios recogidos, así como la situación en los departamentos, pareciera que la declaración desde el principio tuvo intereses subyacentes que no eran los enunciados. Utilizar la figura del EPP para desmovilizar, amedrentar, disciplinar, estigmatizar sobre todo a sectores que se organizan para reclamar derechos que afectan a los intereses de
grupos privilegiados que operan en la zona. Mencionan entre otros a los grandes ganaderos, agroexportadores, narcotraficantes, funcionarios estatales corruptos, sectores políticos que apoyan y se benefician de la extranjerización de la tierra.
Otros señalaron que nunca existieron condiciones legales y materiales para declarar el estado de excepción. Los problemas que se dieron no implicaron conmoción interna que causara riesgo al funcionamiento de las instituciones del Estado.
Hubo un sector que protestó por la falta de información oficial sobre los motivos e implicancias del estado de excepción. Se constató que en tanto unos anunciaban un motivo, otros señalaron otras causas.
Algunas personas manifestaron que el estado de excepción no tiene sentido puesto que el mismo Presidente “protege y ampara a este grupo”.
Qué dijo la gente sobre el desarrollo del estado de excepción
Situaciones percibidas por la misión de observación
Según el relato de las fuentes oficiales:
Se movilizaron aproximadamente 700 policías y 300 militares. Todos Los militares fueron voluntarios pero reciben un plus en el sueldo por estar en campaña. Policías y militares actúan en forma conjunta o separadamente. Los militares afirmaron que contaron con los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión. Señalan que el objetivo de los militares era
combatir al EPP; el registro y control de otros tipos de delincuencia son derivados a la Policía y Fiscalía.
Militares señalaron que siguen un protocolo de empeñamiento que permite el uso proporcional de la fuerza en relación a la reacción o conducta de las personas. Consultados sobre la actuación en procedimientos y allanamientos, mencionaron que por la seguridad de la gente ordenan que hagan cuerpo a tierra, ya que si se levantan se convierten en blancos.
Esperan de la población que colaboren en los allanamientos; una vez controlado el sitio ellos se repliegan y dejan solamente a los responsables de llevar el registro del lugar. Admitieron que las Secretarías de la Niñez y de la Mujer, no proporcionaron protocolos de actuación que protejan a los sectores especialmente vulnerables; por lo tanto no contaban con procedimientos específicos para niñez, adolescencia, mujeres y personas adultas mayores.
Así también los mismos afirmaron que disponen de una ambulancia equipada con terapia intensiva, un doctor, dos enfermeras y una psicóloga. Tienen horas de descanso y esparcimiento. En la carrera militar recibieron formación en derechos humanos y cursos especializados de contacto con la población. Dos abogados de justicia militar acompañan todos los allanamientos para ejercer control frente a los posibles abusos. Manifestaron que no han recibido denuncias formales sobre abusos en los procedimientos. Alegan que siempre se ajustaron al protocolo que cuida la seguridad del personal militar.
Según la población civil consultada y la comisión de observación:
Los militares se ocuparon sólo de ciertos sitios, especialmente áreas rurales, aunque la misión tuvo información sobre la presencia de tanquetas en las ciudades de Horqueta y Concepción.
En los sitios rurales se llevaron a cabo allanamientos con un apoyo logístico. Este tipo de intervenciones no se registró en San Pedro.
En los lugares donde se encontraban apostados se desplegaron con gran aparatosidad bélica (tanques, armas de guerra, barricadas, uniformes de combate). Los controles militares se encuentran ubicados a escasa distancia entre sí solicitando documentación de personas, vehículos, preguntan destino, motivo, en algunos casos reteniendo a las personas por horas.
Esta situación es percibida por ellos y ellas como demostración de fuerza ineficaz para capturar y sí para amedrentar. También señalaron que en los allanamientos manejaron información falsa, afectaron innecesariamente a personas sin capturar a quienes se proponían. En ellos usaron la fuerza de forma desproporcional al objetivo y posibilidad real de resistencia de la
gente afectada. No se tomaron cuidados con personas adultas mayores, niños y niñas quienes quedaron traumatizados por la situación.
Los allanamientos fueron realizados en horas de la madrugada y hubo testimonios que revelan que fueron iniciados sin presencia fiscal, que en los casos relevados llegaron horas después. Se tomó conocimiento acerca de un niño con discapacidad que según los relatos de la comunidad quedó severamente traumatizado por el operativo de allanamiento realizado en una casa vecina; en otro caso, una niña fue obligada a punta de fusil a hacer cuerpo a tierra, una adulta mayor, ante la violencia desplegada perdió el control de los esfínteres y una vez auxiliada por médicos, los intervinientes se negaron a dar información sobre su presión arterial. Siendo diabética y estando descompensada, los hijos demandaron que intervenga otro médico y no se
lo permitieron. Al retirarse, los militares advirtieron: “aniquena pe takyi eterei ore rehe la prensape” (“No hablen tan mal de nosotros frente a la prensa”).
Todos concordaron que la aparatosidad causa miedo y que no sólo se producen daños materiales en la casa allanada, sino también en chacras vecinas por donde se ingresa. No se registró resarcimiento de los daños.
Hubo una queja generalizada en contra de la Policía señalando que en los controles actúan con prepotencia, retienen por horas a las personas, solicitan documentos de posesión de los vehículos y exigen información sobre hacia dónde se dirigen y para qué, datos que asientan en una planilla. Cuando las personas no cuentan con estas documentaciones, son retenidas por horas y se les solicita dinero o sus pertenencias para recuperar su libertad.
La misión constató la presencia de personas vestidas de particular, armados, sin identificación, ejerciendo funciones de control frente a las comisarías y en otros sitios del camino.
Miembros de gobiernos locales manifestaron que no se les da participación ni información sobre los operativos y sus resultados.
Pobladores señalaron que no conocen ningún tipo de actividad de control operado sobre los ramales que conducen al Brasil y manifestaron su preocupación por ello.
En algunas comunidades se percibió a los militares como amables y respetuosos. En otras se los percibió actuando prepotentemente y despertando miedo en toda la comunidad.
Qué dijo la gente y qué registró la misión sobre los impactos del estado de excepción
Desmovilización de movimientos campesinos.
La gente teme ser identificada con el EPP y participar en acciones de protesta, reuniones y movilizaciones para exigir la vigencia de sus derechos. Reduce sensiblemente o renuncia a su participación en estos espacios. Les resulta difícil trasladarse sin ser molestados por las fuerzas de intervención.
Se registró testimonios de líderes/as que informaron que se les somete a la obligación de informar ante la comisaría de las reuniones que organizan y el orden del día. Existieron casos en que la Policía se constituyó y monitoreó el desarrollo de las reuniones. Este último hecho afectó especialmente a mujeres.
La criminalización de personas campesinas organizadas, permitió tomar conciencia de que en Paraguay se les obliga a demostrar su inocencia; ello sale caro y por eso quedan desmotivados y temerosos para seguir participando.
Señalaron que atraviesan una crisis por no obtener apoyo de instituciones públicas y privadas en razón de la estigmatización que padecen.
Asimismo el relevo generacional en el liderazgo fue afectado por la criminalización indirecta de la cual fueron objeto los jóvenes; esto produjo deserción y afecta la sostenibilidad de los movimientos.
La desmovilización y desarticulación provocadas en el movimiento campesino, tiene un impacto directo en la lucha histórica por la tierra y la reforma agraria que estas organizaciones han sostenido. Con esta realidad, en esta región se consolida el status quo del sistema de impunidad imperante.
Estigmatización de movimientos campesinos y las personas que viven en la región
Las personas afirman que el estado de excepción refuerza la asociación de que toda persona y organizaciones, que de alguna u otra manera, se relacionan con movimientos sociales y campesinas, sobre todo de la zona Norte, son guerrilleras.
Esta estigmatización afecta directamente el acceso al trabajo, a la educación y a la salud, así como a oportunidades futuras tanto dentro como fuera de la región, reforzándose así los procesos de segregación y exclusión social.
Inseguridad, miedo y desconfianza El núcleo del miedo manifestado por la población, está en que el estado de excepción atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana.
La gente manifiesta no poder hablar libremente en sus reuniones y espacios cotidianos, por temor a las represalias. Esto se constató por parte de la misión, al entrevistarse con diversos actores que no quisieron dejar registro alguno de sus opiniones.
El temor al desplazamiento fuera de las comunidades de origen, es otro de los elementos transversales. La gente no quiere salir fuera de su hogar, especialmente en horas de la noche para no correr riesgos.
Como resultado de los allanamientos, el impacto en las sensibilidades y subjetividades de las personas es sustantivo. Impera la sensación de desprotección frente a los avasallamientos de los diferentes agentes del Estado que actúan en los procedimientos. Frente a la violación de
derechos humanos, las Fiscalías que también han sido parte de los hechos, no son vistas como un agente que garantice la investigación de las denuncias formuladas.
Asimismo, respecto a los procedimientos conjuntos, manifiestan que tanto la inteligencia que orienta los operativos, como la aparatosidad del despliegue de la fuerza, vulneran integralmente el teko (idiosincrasia) de las poblaciones, que entre otras cosas implica el libre tránsito de las personas por las propiedades comunitarias.
El uso de las comunicaciones telefónicas es un punto álgido. Muchas personas entrevistadas manifestaron que no quieren atender llamadas de números telefónicos desconocidos y que, en ocasiones en que durante los procedimientos, se les ha retenido el teléfono, se han sentido profundamente temerosas ante la posibilidad de que “les planten” llamadas o mensajes de
números que supuestamente están relacionados a miembros del EPP.
El estado de excepción ha impactado directamente en los vínculos comunitarios. Al temor infundido por la presencia policial y militar, se suman los efectos de la estigmatización producida y alimentada diariamente por los medios de comunicación masiva.
Las continuas referencias de los medios de comunicación a una “zona de combate”, las afirmaciones sobre desplazamientos militares y enfrentamientos que no han sido corroborados ni por las autoridades, ni por los pobladores de la zona, la reiteración sobre hechos que se han presentado de manera muy aislada, así como el excesivo uso de los verbos en modo potencial –“habría, podría, sería, tendría, estaría”- para definir responsabilidades
sobre los mismos, han logrado posicionar a los departamento de Concepción y San Pedro, en el imaginario social paraguayo, como una “zona de guerra”, generando temor e incertidumbre sobre su seguridad a los habitantes de la zona, así como a los familiares de los policías y militares que han sido enviados a este sector y, lo más grave, distorsionando la realidad, lo que
dificulta que el gobierno asuma políticas sociales más inclusivas y en beneficio de las comunidades campesinas.
Los medios de comunicación son responsables, en gran medida, de la construcción del imaginario social sobre el EPP, pues con sus notas han consolidado una supuesta área de control e influencia de este grupo y, de ahí, contribuyeron al fortalecimiento de la idea sobre la necesidad del estado de excepción que se ha decretado; ahora insisten en que la Policía y los
militares deben ser más duros en sus acciones. Por ejemplo, de la visita a la zona que ha realizado esta misión, se puede inferir que mucho de
lo escrito sobre los campesinos y las campesinas de esta región, carece de bases reales y sólo ha contribuido a la generación de temor y desconfianza en sus habitantes; en muchos casos también han violentado el pedido expreso de las mismas personas a que se proteja su identidad cuando dieron declaraciones; el sacar sus fotos y nombres en los medios de
comunicación los ha vuelto vulnerables ante acciones arbitrarias de los órganos armados.
Efecto negativo en la economía
El miedo y la desconfianza afectan directamente la economía local.
Tanto la población como las autoridades gubernamentales concordaron en que el estado de excepción ha impactado directamente en la economía local de sus ciudades.
Los y las campesinos/as que no disponen de su documentación en regla, deben pagar “peajes”
y quedan retenidos muchas horas en los puestos de control, renuncian a la comercialización de sus productos en los mercados locales, evitando salir de su comunidad. Por esta razón, muchas veces suspenden, además, el cultivo y/o elaboración de sus productos. Esto impacta decisivamente en su economía familiar.
Esto también afecta a la economía de la población de las ciudades que, ante la ausencia de productos a menor costo, deben comprar en supermercados y grandes tiendas, con el incremento considerable en el precio de los mismos.
La gente dice que el estado de excepción, al profundizar el miedo y la desconfianza, aumenta las posibilidades de desplazamiento, migración forzada y por tanto devaluación de la tierra y las propiedades.
Desilusión del estado de excepción por parte de quienes apostaron a él
instalación: “al fin fue un estado de decepción”.
Beneficios para sectores privilegiados y los que actúan al margen de la ley
Autoridades manifestaron la posibilidad de que otros actores estuvieran involucrados en hechos que se atribuyen al EPP se ha mencionado por ejemplo: la fuerte incidencia del abigeo y narcotráfico al que pudieran estar relacionados ganaderos y sojeros.
De modo general pobladores expresaron no tener la convicción de que los hechos atribuidos al EPP fueran realizados por estos y que mas tenían que ver con ajustes de cuentas entre grupos vinculados al narconegocio. También hubo sectores que pusieron en duda la existencia misma de éste grupo.
Además se visualiza como beneficiarios del estado de excepción a grandes latifundistas y terratenientes que aprovechan el miedo e inseguridad de los pobladores para comprar tierras a menor costo; se potencia así el acaparamiento de la tierra por parte de sojeros, principalmente brasileños.
III. Consideraciones preliminares de la Misión de Observación y
Verificación Internacional.
Verificación Internacional.
1. Durante el desarrollo de esta misión hemos observado que el problema que
principalmente aqueja a la zona, no es de orden militar o de seguridad, sino social. La ausencia del Estado se manifiesta en: escasísimos puestos de atención de salud,caminos y accesos a las comunidades precarios, pocas y muy distantes instituciones educativas, inexistencia de transporte público en las comunidades rurales, escasas y precarias fuentes laborales, entre otros; no obstante algunas comunidades han obtenido algunas mejoras en servicios de salud, del programa Tekopora y asistencia agrícola.
2. El contexto del estado de excepción se da en un proceso de estigmatización y criminalización de los movimientos sociales, en particular el campesino, promovido por los medios de comunicación masiva.
3. Resultado del primer estado de excepción de abril de 2010, fueron la Ley del
informante, la Ley antiterrorista y la Ley de reglamentación de la objeción de
conciencia, las que no han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, evidenciando que no son esos los mecanismos para lograr una convivencia democrática y equitativa.
4. Percibimos que el estado de excepción viene a reforzar el proceso de desmovilización y desarticulación de los movimientos campesinos en su histórica lucha por el acceso a la tierra y contra el avance del agronegocio.
5. Este segundo estado de excepción viene a reforzar los procesos de disciplinamiento de la población de la zona Norte y la represión y criminalización de los colectivos organizados.
6. No se ha demostrado la directa vinculación de las personas investigadas y/o imputadas con el supuesto EPP. Recordamos que la imputación sin base jurídica a líderes sociales está prohibido por tratados y convenios internacionales que protegen el legítimo trabajo de estas personas como es la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, especialmente su artículo
5 que dice “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales”.
7. Hemos recibido testimonios creíbles acerca de la violencia y desproporción del uso de la fuerza en procedimientos conjuntos. Frente a esto, las autoridades reconocen los procedimientos aunque expresan que no han recibido denuncias formales de violación a los derechos humanos, en este marco. Vemos con preocupación que los procedimientos no han tenido los recaudos necesarios frente a sectores específicos, especialmente vulnerables. El Estado debe garantizar dentro de los protocolos de actuación la atención especial a niños/as, adolescentes, mujeres, personas discapacitadas y adultos/as mayores, lo cual no estuvo presente.
8. Enfatizamos a los medios de comunicación, en tanto formadores de opinión, que la libertad de expresión no debe afectar los derechos de las personas y debe usarse con excesivo celo profesional.
9. Consideramos que en este estado de excepción se ha violado los derechos humanos de la población campesina, especialmente, razón por la cual no debe prolongarse ni reeditarse.
10. Finalmente, al tiempo de agradecer a todas las personas, organizaciones y autoridades que han colaborado durante el desarrollo de la Misión Internacional, hacemos un llamado al gobierno para que garantice la integridad física y la seguridad de todas las personas.
Asunción, 6 de diciembre de 2011.
IV.Observadores y Observadoras.
- Francisco Benítez, Codehupy
- Ximena López, Codehupy
- Roque Orrego, Codehupy
- Vidal Acevedo, Serpaj-Py
- Ada González, Serpaj-py
- Cristina Coronel, Serpaj-Py
- Roque Martínez, Serpaj-py
- Miguel Amarilla, Serpaj-Py
- Marielle Palau, Base -Is
- Francisco de Paula Oliva, Mil Solidarios
- David Sobrevivencia, Sobrevivencia
- Jaime Hrasic, Fundar
- Hugo Pereira, Docente Universitario
- Viviana Yubero, Colectivo 25 de noviembre
- Carolina Fernández, Paraguay
- Gabriela Talavera, Vincularte
- Alcides Villamayor, Comunica
- Julio Benegas V, Sindicato de Periodistas del Paraguay
- Jaqueline Méndez, Cladem
- Aníbal Cabrera, Cdia
- Edilberto Álvarez Galeano, Diakonia América Latina
- José Bogado, Diakonia América Latina
- Enrique Troncoso, Plataforma contra la Criminalización
- Ana Juanche Molina, Coordinadora Latinoamericana SERPAJ-AL
- Aton Fon Filho, Red Social de Justicia y Derechos Humanos - Brasil
- Blas García Noriega, SERPAJ-Colombia
- Luis Romero, SERPAJ -Argentina
- Luis Ángel Saavedra, INREDH Ecuador
- Pablo Ruíz SOAW – Observatorio de la Escuela de las Américas-Chile
- Guillermo Burneo, COMISEDE- Perú
- Hna. Ángeles Bres, Paraguay
- Leticia Coronel, Paraguay
- Eduardo Mora, Paraguay
- Aldo Núñez, Paraguay
