La Misión internacional de observación y verificación a la situación de los
derechos humanos en los departamentos de Concepción y San Pedro ante el estado de excepción manifiesta su profunda preocupación ante los hechos producidos en la madrugada de hoy, miércoles 7 de diciembre, cuando las Fuerzas Conjuntas allanaron cuatro viviendas de la zona de Nueva Fortuna, distrito de Azote´y, una vez más sin resultado alguno.
Durante los días 2, 3 y 4 del corriente, la misión visitó la zona donde se
desarrolla el estado de excepción y recogió vasta información sobre los peligrosos impactos del mismo en la población. La presencia masiva de las fuerzas policiales y militares, además de impactar negativamente en la cotidianeidad de las personas, se impone violentamente en estos procedimientos conjuntos que, lejos de arrojar resultados sobre el supuesto grupo guerrillero, afectan material, afectiva y simbólicamente a la población en general y muy especialmente a quienes son allanados.
La misión ha entrevistado además a diferentes autoridades locales, departamentales y nacionales, las cuales han concordado en la ineficacia de la
declaración de estado de excepción de la medida para el fin perseguido. En entrevista con el Ministro del Interior, Carlos Filizzola, la misión expresó su preocupación por los posibles acontecimientos que pudieran desencadenarse en los días finales del estado de excepción, ante la carencia de resultados. El Ministro aseguró que los resultados no se forzarían; sin embargo, llama la atención que a tan sólo tres días de la finalización del estado de excepción se desencadenen nuevos operativos, una vez más sin resultados y la necesidad de justificación de agencias de la persecución penal.
Por tal razón enfatizamos que el Estado paraguayo debe velar por la seguridad
integral de los pobladores y las pobladoras de los departamentos de San Pedro y Concepción, para lo cual, nuevos “errores de inteligencia” deben ser absolutamente evitados. Es a través del Estado de Derecho y no de la vía del estado de excepción que se debe acceder a un sistema de justicia eficaz, en el marco de las garantías del debido proceso.
Exigimos el buen funcionamiento del sistema penal para esclarecer estos
hechos que preocupan a la ciudadanía y que los abusos de poder del Estado no queden impunes, al tiempo que sean reparados.
Asunción, 7 de diciembre de 2011.
